Por: Lcda. Betzaida Sanchez.
En la República Dominicana, el acoso escolar o bullying ha dejado de ser un simple problema de convivencia estudiantil para convertirse en una verdadera pandemia social que afecta niños, niñas y adolescentes e incluso adultos en los entornos educativos, laborales de manera digital y personal. Frente a este fenómeno, las autoridades del Estado dominicano tienen no solo el deber moral, sino también el compromiso jurídico de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia psicológica, verbal o física que atente contra la dignidad humana en estos tiempos en donde la salud mental esta vulnerable.
De igual modo, para proteger a la parte más vulnerables que son los niños, niñas y adolescentes contamos la Constitución de la República, en su artículo 42, la cual consagra el derecho de toda persona a la integridad física, psíquica y moral. Este principio impone al Estado el deber de proteger a los ciudadanos contra cualquier tipo de agresión, incluyendo el acoso en las escuelas y el ciberbullying. con la Ley General de Educación No. 66-97 y la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como la institución de CONANI, la Procuraduría General de la Republica, en la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, la cuales obligan a las instituciones educativas y al Ministerio de Educación (MINERD), a garantizar entornos seguros, inclusivos y libres de violencia, llamadas a actuar con firmeza frente a los casos denunciados, especialmente cuando el acoso trasciende los límites escolares y afecta los derechos fundamentales de las víctimas. La inacción o negligencia ante estos casos puede constituir una violación del deber de protección y garantía estatal.
El bullying no es un juego ni una simple broma entre compañeros cuyo objetivo en su momento quizás es divertirse como decimos con el relajo entre ¨muchachos¨ o ¨adultos¨ la realidad es una forma de violencia reiterada que puede generar consecuencias irreparables, como la depresión, el aislamiento social o incluso el suicidio. En este sentido, las autoridades educativas deben implementar programas permanentes de prevención, capacitación docente y orientación psicológica en las escuelas.
La lucha contra el bullying no puede ser exclusiva de las escuelas o de los tribunales, padres, docentes, medios de comunicación y comunidades deben asumir una actitud activa en la formación de valores como el respeto, la empatía y la tolerancia. Es deber de todos crear espacios donde las diferencias sean entendidas como oportunidades de aprendizaje, no como motivos de exclusión o burla.
La República Dominicana necesita una política pública integral contra el bullying, que unifique esfuerzos de los ministerios de Educación, Salud Pública, Juventud, incluyendo la institución de CONANI y la Procuraduría General de la República. El reconocimiento legal del acoso como una forma de violencia y su tratamiento con herramientas pedagógicas, psicológicas y penales es una urgencia nacional.
