Robo millonario al Senasa desata alarma nacional en la República Dominicana
La República Dominicana atraviesa uno de los procesos judiciales más alarmantes de los últimos años tras destaparse un presunto esquema de corrupción, engaños y fraudes millonarios en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), entidad responsable de garantizar la cobertura de salud a millones de ciudadanos.
Las investigaciones, lideradas por el Ministerio Público, revelan una red estructurada que habría operado mediante pagos irregulares, alteración de trámites administrativos, contratos manipulados y autorizaciones de servicios médicos sin respaldo real, provocando un grave daño al sistema de salud pública.
Las primeras alertas surgieron en 2024, cuando auditorías internas comenzaron a detectar anomalías financieras y administrativas. Para 2025, la acumulación de pruebas fue considerada suficiente para confirmar un desfalco de gran magnitud, lo que dio paso a acciones judiciales formales y arrestos.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el fraude ronda los 15,000 millones de pesos dominicanos, afectando directamente los fondos destinados a la atención médica de más de siete millones de afiliados al seguro estatal, en su mayoría personas de escasos recursos.
Las autoridades han identificado a varios exfuncionarios y empresarios como presuntos responsables del entramado. Entre los señalados figuran, en este orden:
Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de Senasa
Rafael Luis Martínez Hazim
Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero
Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico
Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de servicios de salud
Eduardo Read Estrella, empresario suplidor
Cinty Acosta Sención, ejecutiva empresarial
Heidi Mariela Pineda Perdomo, empresaria
Ramón Alan Speakler Mateo, vinculado a suplidores
Ada Ledesma Ubiera, propietaria de empresa distribuidora
Medidas judiciales
Como parte del proceso, un juez impuso prisión preventiva por 18 meses a varios de los imputados, mientras otros enfrentan medidas menos severas, como arresto domiciliario e impedimento de salida del país. El tribunal también otorgó un plazo especial al Ministerio Público para presentar la acusación formal debido a la complejidad del caso.
El escándalo ha generado un intenso debate en la opinión pública y ha sido ampliamente abordado por distintos medios de comunicación, que lo califican como un golpe a la confianza institucional del Estado.
Las investigaciones continúan en marcha, con la promesa de las autoridades de llegar hasta las últimas consecuencias, identificar a todos los responsables y garantizar que no queden dudas sobre uno de los mayores casos de corrupción vinculados al sistema de salud dominicano.
